MADRID. «Matad a todos aquellos que os han echado de vuestras tierras». Los que en nuestro país luchan contra el terrorismo islamista no olvidan jamás esta sentencia del Corán y, desde luego, tampoco lo hacen quienes están dispuestos a hacer correr ríos de sangre para recuperar lo que ellos consideran su territorio: Al Andalus, en definitiva, España. «Se quiera reconocer o no, esto es, simplemente, una guerra. Desde su bando así lo creen y en función de eso actúan. Si no somos conscientes de esa realidad tarde o temprano volveremos a enfrentarnos a una tragedia como la del 11-M».
El retrato lo hace un experto en la lucha contra el terrorismo islamista, y lo corroboran fuentes del Ministerio del Interior. «Si nos equivocamos en el diagnóstico erraremos también con el tratamiento. Nos enfrentamos a un enemigo que quiere imponernos el pasado, pero que utiliza todas las herramientas a las que se puede acceder ahora y las que habrá en el futuro.El 70 por ciento de los integrantes de estas redes tienen estudios universitarios, en su mayoría de disciplinas técnicas, y en sus países el índice de licenciados apenas llega a un 5 por ciento. Son radicales; pero no son tontos».
Asignaturas pendientes Como en cualquier guerra, los expertos consultados por ABC consideran que la única forma de enfrentarnos a estas organizaciones es «conocerlas a fondo para anticiparnos a sus movimientos; dotarnos de las herramientas jurídicas y policiales adecuadas, e intercambiar información operativa con la comunidad internacional». ¿España lo hace? La respuesta de estas fuentes es inquietante: «No, en la medida en que debería.Estados Unidos o Gran Bretaña han adoptado medidas mucho más avanzadas que las nuestras. Sólo en protección de fronteras el Reino Unido se ha gastado una fortuna; nosotros, apenas nada». Hay más ejemplos: un magrebí que entra en España con un pasaporte francés queda fuera del campo de investigación; los documentos que cumplimentan los extranjeros en los aviones antes de entrar en nuestro país se acumulan en cualquier dependencia sin que sean analizados de forma conveniente; el control de las comunicaciones, a día de hoy y aunque es un aspecto que está en fase de reforma, alcanza sólo tres días; el tráfico de documentos falsificados, una actividad delictiva clave para que los terroristas puedan moverse por todo el mundo, no está penado. No hay, en fin, un modelo informático eficaz que permita a los investigadores un análisis rápido de la información.
Los expertos consultados recuerdan que «en la investigación del 11-M, la primera de carácter netamente tecnológico, sólo pudimos analizar tres días de las conversaciones telefónicas y contactos que habían mantenido los sospechosos, porque ése es el plazo que está fijado para que las compañías puedan destruir esa información. Con el análisis de las señales emitidas desde los móviles pudimos reconstruir itinerarios, fechas y horas. A pesar de las limitaciones legislativas se consiguieron unos resultados espectaculares en muy poco tiempo. ¿Alguien imagina lo que hubiésemos podido averiguar si las comunicaciones analizadas se hubiesen remontado, por ejemplo, a unos meses antes? ¿Cuántas nuevas conexiones podríamos haber descubierto? Se invoca el derecho a la intimidad, y nadie lo discute. ¿Pero alguien piensa que a la Policía le interesa la vida privada de los ciudadanos?».
Nuestro país, según los análisis de los servicios de información, aún tiene alto riesgo de ser objetivo de un ataque terrorista. Sólo nos supera Dinamarca, por «la crisis de las caricaturas», e Italia, como corazón del cristianismo, a juicio de los expertos consultados. Desde luego, en esta escala de peligro España está por delante de Francia, Bélgica y Alemania.
Madrid, Barcelona, Toledo y Granada En concreto, en estos momentos existen cuatro provincias en las que los indicadores de peligrosidad se sitúan por encima de la media: Madrid y Barcelona, en buena parte por concentración de personas procedentes de estos países, y también Granada y Toledo, éstas por tener una fuerte carga simbólica para estos individuos.
Aunque las células las forman individuos de varias nacionalidades, los expertos ven un cierto reparto de papeles: los sirios actúan como líderes, capaces de aglutinar a los terroristas -en el caso del 11-M se atribuye este papel a Amer el Azizi, «Omar el Andalusi», y a Mustafá Setmarian, «Al Suri», ambos aún hoy en paradero desconocido, casados con mujeres españolas y sin cuya actuación no se entendería la matanza de Madrid-; los ideólogos serían los egipcios y los magrebíes los operativos, la «mano de obra». En cuanto a la formación de las células, los expertos consideran que la clave es la figura del «reclutador», individuos capaces de detectar a personas con poca formación y, por tanto, susceptibles de ser radicalizados, como pueden ser delincuentes comunes o incluso reclusos, como se comprobó en la llamada «Operación Nova», en la que se descubrió que la célula terrorista que pretendía volar el Bernabéu se había creado en las prisiones y, conviene recordarlo, planeaban esa matanza cuando España ya había salido de Irak.
En el caso de que actúen fuera de prisión, los «reclutadores» acuden a las mezquitas, donde se fijan quién es el que reza con más fe, el más entusiasta de los fieles. «Hay una señal que no falla: si alguno tiene la frente morada es que tiene muchas posibilidades de convertirse en un radical, porque esos hematomas son producto de un exceso de entusiasmo en los rezos», dicen los especialistas, medio en broma medio en serio. Precisamente esta señal en la frente la traía Rabei Osman, Mohamed «el Egipcio», cuando llegó a España extraditado desde Italia.
Una vez captados los nuevos candidatos, los «reclutadores» les alejan de los templos habituales, que saben vigilados por las Fuerzas de Seguridad, y los llevan a otras mezquitas, controladas por ellos y clandestinas, donde continúa el proceso.
En función de las aptitudes de cada uno, el «reclutador» es el que decide si el «novato» es destinado a células operativas para cometer atentados dentro o fuera de España, o bien se convierte en otro «reclutador», con lo cual el proceso comienza de nuevo y se siguen creando células de forma sucesiva. En el primero de los casos, los captados son enviados a campos de entrenamiento fuera de nuestro país donde reciben la instrucción precisa para pasar a convertirse en «muyahidines». Por tanto, la clave para luchar contra este tipo de terrorismo se situaría en esa figura enigmática del «reclutador».
Fuentes de la lucha antiterrorista destacan que en la actualidad la mayor actividad de estas células en España se centra en enviar a terroristas a Irak para perpetrar atentandos: «Si al perpetrarlos se suicidan, para nuestro país dejan de ser un riesgo; pero algunos vuelven, y esos son extremadamente peligrosos». Y añaden: «En estas investigaciones obtener las pruebas es muy difícil. Ellos nunca declaran ante la Policía y algunas de sus actividades es complicado que tengan un encaje penal en nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos detectados a cientos de terroristas islamistas, pero no podemos detenerlos por falta de pruebas sólidas, Ante eso, nos tenemos que conformar con seguirlos muy de cerca por si cometen un error».
Las fuentes consultadas acaban con una reflexión: «Que nadie minusvalore el riesgo que tenemos. Que no vuelva a haber una sola broma como la del «comando Dixan» que tanto daño hizo. Nos va en ello la seguridad de todos».
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